SALA IV ORDENA ELIMINAR HACINAMIENTO EN ESCUELA DE TIERRA BLANCA

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Pese a que la Tesorería Escolar Cantonal de Cartago certificó que existe en favor de la Junta de Educación cerca de ¢45 millones, como partida específica para ejecutar las obras que se requieren, los escolares de Tierra  Blanca, provincia de Cartago, se mantienen en condiciones de hacinamiento.



Por eso la Sala Constitucional ordenó mejorar las condiciones en las que reciben lecciones los estudiantes de la Escuela Manuel de Jesús Jiménez Oreamuno, ya que es la obligación que tienen las autoridades del Ministerio de Educación Pública.


Esta fue la decisión que estableció la Sala Constitucional, al declarar con lugar un recurso de amparo, donde se planteó las condiciones de hacinamiento que tienen que enfrentar los estudiantes de este centro educativo.


“Se le ordena a Leonardo Garnier Rímolo, o a quien en su lugar ocupe el cargo de Ministro de Educación Pública que, DE MANERA INMEDIATA, gire las órdenes necesarias y tome las medidas pertinentes que estén dentro del ámbito de su competencia a efecto de solventar el problema de hacinamiento que sufren los estudiantes de la Escuela Manuel de Jesús Jiménez Oreamuno de Tierra Blanca de Cartago”, puntualizó la sentencia 2009-11935.


El recurso lo presentó un hombre de apellido Leiva Jara a favor de la Junta de Educación de la Escuela de Tierra Blanca de Cartago, contra el Ministerio de Educación Pública (MEP).


En el amparo se alegó que la Junta de Educación presentó ante el ministerio respectivo el formulario de solicitud para la construcción de infraestructura educativa a favor de esta escuela.


En dicho documento se indicó la necesidad de construir siete aulas académicas, pues la capacidad actual es insuficiente para garantizar un efectivo proceso de aprendizaje a los menores de edad, por la situación de hacinamiento.


Señalaron que hasta el momento, las autoridades recurridas no han respondido la solicitud, pese a que los datos de la Tesorería Escolar Cantonal de Cartago certificaron que existen en favor de la Junta de Educación cerca de ¢45 millones como partida específica para ejecutar las obras que se requieren.

El Alto Tribunal Constitucional advirtió a la autoridad recurrida que de no acatar con lo establecido en este fallo constitucional se exponen a una sanción de tres meses a dos años de prisión o al pago de veinte a sesenta días multa, por el delito de desobediencia que establece el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Colaboró diario Nuestro País www.elpais.cr
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