El diputado libertario Carlos Manuel Gutiérrez Gómez presentó hoy una acción de inconstitucionalidad contra la Ley Nº 8791 que puso tope del 0.7 % a la subvención estatal para los colegios del llamado sistema tripartito  así como a los Centros de Atención Integral para Adultos Discapacitados, CAIPAD.

Según criterio del legislador, resulta inaudito que en pleno Siglo XXl; en que es público y notorio que la educación es primordial para el desarrollo del ser humano,  se haya aprobado una ley que pone barreras  al crecimiento de  estos sistemas de enseñanza.

Considera el diputado Gutiérrez que el tope del 0.7 % no fue sustentado en ningún estudio técnico ni científico, afectando así a los CAIPAD´s  que tienen la noble misión de promover la inserción laboral de los adultos con discapacidad. “En estos centros  se les cuida, se les da terapia y se les faculta para que logren independencia y autosuficiencia mediante el entrenamiento en destrezas manuales que puedan facilitar el desempeño de algunas actividades laborales”, acotó el congresista.

La citada acción de inconstitucionalidad fue presentada por el parlamentario en su condición de  representante de los intereses de la colectividad, los que fueron vulnerados con la promulgación de la ley. Argumenta que se violó el principio de publicidad, ya que el texto del proyecto fue publicado en La Gaceta después de aprobado el segundo debate, pese  a que contemplaba  modificaciones sustanciales que no fueron consideradas en la discusión en el Plenario Legislativo. Además, el proyecto no fue consultado a  las organizaciones de personas con discapacidad, según lo establece la ley 7.600. 

Esta ley otorga plenas potestades discrecionales al Ministro de Educación para fijar el porcentaje real, permitiendo que este varíe entre un 0 y un 0.7 % dejando en total desamparo al sistema educativo subvencionado y a los CAIPAD´s, cerrando la posibilidad para que otras organizaciones se integren al  sistema de educación subvencionada.

Para el Diputado Gutiérrez  resulta contradictorio y sumamente preocupante que mientras la población con discapacidad tiende a crecer, se disminuya  la posibilidad de  brindarle la debida atención educativa que facilite la inserción social y laboral, propiciando consecuentemente, la independencia y   la autosuficiencia en estas personas.