ITCR SE PRONUNCIA CON RESPECTO A CRUCITAS

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Pronunciamiento del Consejo Institucional sobre la Sentencia de la Sala Constitucional a favor del Proyecto Minero Crucitas

(Sesión Ordinaria No. 2657, Artículo 13, del 22 de abril del 2010)

RESULTANDO QUE:

1. El Artículo 50 de la Constitución Política establece:

“El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado.  El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes.” Así reformado  por  Ley No. 7412 del 3 de junio de 1994.”

2. La Ley Orgánica del Ambiente promulgada el 4 de octubre de 1995 y publicada en la Gaceta No. 215 del 13 de noviembre de 1995, busca dotar, a los costarricenses y al Estado, de los instrumentos necesarios para conseguir un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y establece en su Artículo 1, que el Estado defenderá y preservará ese derecho, en busca de un mayor bienestar para todos los habitantes de la Nación.

3. Los principios enumerados en la Ley Orgánica del Ambiente, Artículo 2, son:

 “a.  El ambiente es patrimonio común de todos los habitantes de la Nación, con las excepciones que establezcan la Constitución Política, los convenios internacionales y las leyes. El Estado y los particulares deben participar en su conservación y utilización sostenibles, que son de utilidad pública social.

b. Todos tienen derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente sostenible para desarrollarse, así como el deber de conservarlo, según el Artículo 50 de nuestra Constitución Política.

c.  El Estado velará por la utilización racional de los elementos ambientales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida de los habitantes del territorio nacional. Asimismo, está obligado a propiciar un desarrollo económico y ambientalmente sostenible, entendido como el desarrollo que satisface las necesidades humanas básicas, sin comprometer las opciones de las generaciones futuras.

d.  Quien contamine el ambiente o le ocasione daño será responsable, conforme lo establezcan las leyes de la República y los convenios internacionales vigentes.

e.  El daño al ambiente constituye un delito de carácter social, pues afecta las bases de la existencia de la sociedad; económico, porque atenta contra las materias y los recursos indispensables para las actividades productivas; cultural, en tanto pone en peligro la forma de vida de las comunidades, y ético, porque atenta contra la existencia de las generaciones presentes y futuras.”

4. El Código de Minería, Ley N° 6797, de 4 de octubre de 1982, publicada en La Gaceta No. 230 de 3 de diciembre de 1984, en su Artículo 4 establece que los recursos naturales existentes en el suelo, en el subsuelo y en las aguas de los mares adyacentes al territorio nacional, solo podrán ser explotados de conformidad con lo que establece la Constitución en su Artículo 121, el cual señala cuales bienes no podrán salir del dominio del Estado. Señalando que le corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa, entre otras cosas, permitir mediante concesión especial, otorgada por tiempo limitado y con arreglo a las condiciones y estipulaciones que la misma Asamblea establezca, la explotación por la administración pública o por particulares.

5. El Código de Minería, en el Artículo 98, dice textualmente:

“Prohíbase toda acción, práctica u operación que deteriore el ambiente natural, de manera que haga inservibles sus elementos básicos, especialmente el aire, el agua y el suelo, para los usos a que están destinados.”

6. En el Artículo 99, el Código de Minería establece como factores que deterioran el ambiente, entre otros, los siguientes:

    * La contaminación del aire, de las aguas, del suelo y de los demás recursos naturales renovables.
    * La degradación, la erosión y el revenimiento de suelos y tierras.
    * Las alteraciones nocivas de la topografía.
    * Las alteraciones nocivas del flujo natural de las aguas.
    * La sedimentación excesiva en los cursos y depósitos de agua.
    * Los cambios nocivos del lecho de las aguas.
    * La extinción o disminución, cuantitativa o cualitativa, de especies animales o vegetales o de recursos     genéticos.
    * La acumulación o disposición de residuos, basuras, desechos y desperdicios.
    * El ruido nocivo.
    * El uso inadecuado de sustancias peligrosas.

7. El Código de Minería, en su Artículo 100, establece:

“En el caso de áreas y terrenos forestales, así como en el caso de reservas biológicas e hidrográficas declaradas por ley o por el Poder Ejecutivo, que no conlleven prohibición de explotación en esta ley u otras leyes especiales, los interesados en realizar actividades mineras en ellas, deberán demostrar con estudios de factibilidad, de costo beneficio y de costo comparativo; la mayor utilidad económica o social para el Estado, si las actividades se realizaran o si las áreas se mantuvieran bajo cobertura forestal o como cuencas hidrográficas.”

8. El Estatuto Orgánico del Instituto Tecnológico de Costa Rica, Artículo 12, inciso c, establece que uno de los fines del Instituto es el contribuir al mejoramiento de la calidad de vida del pueblo costarricense mediante la proyección de sus actividades a la atención y solución de los problemas priorita­rios del país, a fin de edificar una sociedad más justa.

CONSIDERANDO QUE:

1. Los Proyectos de Minería Metálica a Cielo Abierto, pueden presentar casi todos los factores que el Código de Minería establece como factores que deterioran el ambiente. Un ejemplo costarricense de esto es el caso de Bellavista de Miramar, cuyo colapso en julio de 2007 fue advertido, pese a las seguridades aportadas por los estudios presentados ante SETENA.

2. En el desarrollo de Proyectos de Minería Metálica a Cielo Abierto, debe prevalecer el principio precautorio, fundamentalmente porque el análisis costo-beneficio/económico-ambiental de este tipo de actividades implican una gran complejidad e incertidumbre.

3. En un país tropical, como Costa Rica, la minería de oro a cielo abierto podría generar impactos ambientales significativos e irreversibles. Esta situación se agrava si se considera una legislación minera obsoleta y una escasa capacidad de control y prevención del daño ambiental por parte de las autoridades. La historia nacional nos recuerda una total despreocupación por parte de las empresas, una vez que han provocado daños ambientales en proyectos de minería.

4. El desarrollo de Costa Rica debe basarse en la conservación y uso sostenible de sus recursos naturales.

5. SETENA otorgó la viabilidad ambiental al Proyecto Minero Crucitas mediante Resolución N°3638-2005-SETENA, del 12 de diciembre de 2005, con modificaciones posteriores aprobadas mediante Resolución N°170-2008-SETENA del 4 de febrero de 2008.

6. La Dirección de Geología y Minas del MINAET, por resolución N°217 del 21 de abril de 2008, procedió al otorgamiento de una concesión de explotación minera a cielo abierto a favor de la empresa Industrias Infinito S.A.

7. El Presidente de la República y el Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, mediante Decreto 34801-MINAET, decretan la declaratoria de interés público y conveniencia nacional al Proyecto Minero Crucitas desarrollado por la empresa Industrias Infinito S.A. El decreto fue dado el día trece de octubre del dos mil ocho y entró en vigencia el 17 de octubre de 2008, fecha en que fue publicado en La Gaceta No. 201.

8. La Asociación Ecologista Norte por la Vida interpuso un recurso ante la Sala Constitucional en octubre de 2008, el cual fue acogido para estudio y permitió que se detuviera la tala de decenas de árboles de almendro amarillo, los cuales son fundamentales para la alimentación de las lapas.

 9. El pasado 16 de abril de 2010, la Sala Constitucional rechazó el recurso de amparo anterior, argumentando que los criterios técnicos incluidos en el expediente validan la ejecución del proyecto sin efectos negativos al ambiente.   Sin embargo, no fue una decisión unánime, pues a criterio de algunos magistrados se requería de otros estudios para la determinación que se debía tomar.

 ACUERDA:

a.    Manifestar la  profunda preocupación por el voto de mayoría de la Sala Constitucional con respecto al Proyecto Minero Crucitas, Expediente 07-012530-007-20 del pasado 16 de abril de 2010, dados los impactos ambientales negativos e irreversibles que dicho proyecto podría generar y que se agravan con una legislación minera obsoleta y una escasa capacidad de control y prevención por parte de las autoridades.

b.     Instar a la comunidad institucional y nacional a mantenerse alerta sobre el desarrollo del Proyecto Minero Crucitas.

c.    Solicitar al Poder Ejecutivo, una revisión profunda de la posición nacional en materia ambiental, en particular con respecto a la minería metálica a cielo abierto.

 d.    Solicitar a los Poderes de la República  que garanticen el derecho constitucional de los costarricenses, de vivir en un ambiente sano, mediante la prevalencia del principio precautorio para los proyectos o actividades comerciales que lo amenacen.

 e.    Solicitar la participación del Instituto Tecnológico de Costa Rica en la Comisión Mixta de Monitoreo y Control Ambiental, creada para el seguimiento y fiscalización de los efectos en el ambiente por el Proyecto Minero Crucitas.

 f.     Publicar este acuerdo en los medios internos de la Institución y en medios nacionales, según las posibilidades presupuestarias.

 g.    Comunicar.  ACUERDO FIRME.

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