DEFENSORIA CUESTIONA PROCESO DE AJUSTE TARIFARIO EN SERVICIO DE AGUA EN ALGUNAS MUNICIPALIDADES

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La Defensoría de los Habitantes cuestionó la manera en que algunas municipalidades acuerdan incrementos en el servicio del agua potable sin someter los ajustes tarifarios a audiencia pública.

El cuestionamiento surgió a partir de las quejas externadas por algunos habitantes de San Marcos de Tarrazú en una visita de la Defensoría a dicha comunidad.

La Defensoría explica en un comunicado que el gobierno local de San Marcos de Tarrazú "en sesión ordinaria del Concejo Municipal número 204-2010 del 20 de abril del 2010, aprobó un aumento de tarifa domiciliaria fija que pasó de ¢1.900 a ¢4.700".

"Para negocio comercial el ajuste consistió en un aumento de la base de ¢11.000 a ¢60.000, bajo el argumento de que no se había realizado ajustes en tres años", añade la entidad defensora.

Ante estos hechos, la Defensoría de los Habitantes gestionó una acción ante la Sala Constitucional para que ésta declare inconstitucional tal práctica en la definición de tarifas para el servicio de agua.

Recientemente la Sala Constitucional dio curso a la acción y solicitó los informes correspondientes a la Procuraduría General de la República, la Alcaldía de Tarrazú y al Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM).

"Para la Defensoría es importante que los aumentos en estos servicios públicos no sólo se encuentren bien sustentados técnicamente, sino que también se permita a la población del lugar inmiscuirse, por la vía de la oposición fundada, en las decisiones que les conciernen", señala la Defensoría.

La entidad indica que es importante que los ciudadanos participen mediante audiencia pública como tienen el derecho de hacerlo los usuarios que reciben el servicio de agua a cargo de otros prestadores (como el AyA), quienes sí tienen derecho a participar en audiencia pública por medio de ARESEP.

Luis Fallas Acosta, Defensor Adjunto de los Habitantes, indicó que "tampoco se ha determinado un procedimiento legal de participación ciudadana en los supuesto de fijación o aumento, lo que en este caso se traduce en una lesión de diversos derechos fundamentales en cuanto a participación ciudadana, a la salud y al principio de transparencia y de rendición de cuentas en la función pública que corresponde a las corporaciones municipales”.

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