DERECHOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD SE QUEDAN EN EL PAPEL

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El movimiento social de personas con discapacidad manifiesta su onda preocupación ante los reiterados incumplimientos en materia de derechos humanos de las personas con discapacidad.  Dos convenciones internacionales han sido ratificadas por la Asamblea Legislativa, pero luego son dejadas de lado y se están quedando en el papel.


La Convención para la Eliminación de toda forma de Discriminación contra las Personas con Discapacidad fue ratificada desde el año 2001, siendo Costa Rica el primer país en ratificarla.  Este tratado internacional promulgado por la Organización de Estados Americanos (OEA) es de acatamiento obligatorio ya que en nuestro país, este tipo de legislación es de carácter supralegal (por encima de todas nuestras leyes).

En este tratado Costa Rica se comprometió a implementar todas las leyes, normas, políticas y acciones con el fin de garantizarle a la población con discapacidad el disfrute pleno de sus derechos.

Situación similar ocurre hoy con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo.  Este instrumento legal fue aprobado por la Organización de Naciones Unidas (ONU) en el año 2006 y fue ratificado por la Asamblea Legislativa mediante la Ley 8661 del 29 de setiembre de 2008.  Sin embargo, el Estado costarricense hasta la fecha no ha iniciado con la puesta en práctica de los compromisos asumidos y más bien circulan en la corriente legislativa proyectos de ley que más bien contradicen los principios y obligaciones establecidos en ambas convenciones.

Prueba de ello lo es la iniciativa para dar más plazo a empresarios de transporte público y el proyecto de subvención a colegios privados que podrían dejar sin fondos a los Centros de Capacitación de Adultos con Discapacidad (CAIPAD).

Nos oponemos a que nos reformen la Ley 7600:


En el caso del acceso al servicio de transporte público, modalidad auto bus, las y los líderes del movimiento asociativo de personas con discapacidad acordamos en Asamblea General manifestar nuestra oposición rotunda a cualquier modificación de la Ley 7600, en particular el artículo 46 biz, ya que desde todo punto de vista la falta de acceso a este medio de transporte es una afrenta a los derechos humanos, garantizados en las dos convenciones ratificadas por nuestro país, comentó la Prof. Ligia Araya, coordinadora de (COINDIS)

La ley 7600 fijó un plazo inicial de 10 años para adecuar los autobuses y en ese tiempo los concesionarios no hicieron nada.  Con la primera modificación del artículo 46 se les dio más tiempo y aún así todavía quieren seguir estirando más el plazo de cumplimiento.

Este tipo de medidas afecta directamente la calidad de vida de unas 400 mil personas con alguna discapacidad, aproximadamente el 10% de toda la población costarricense.
 

Redacción,


Damaris Sanabria y Leonardo Segura.


Periodistas Comité de Información (COINDIS).

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